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Estatutos de autonomía: normas institucionales básicas españolas aplicables a las comunidades autónomas individuales y reconocidas por la Constitución española de 1978. Se aprueban por ley orgánica. Contienen, al menos, la denominación de la comunidad autónoma; sus límites territoriales; las denominaciones, estructuras organizativas y sedes de las instituciones autonómicas; y las competencias que les corresponden. Los estatutos de autonomía no son una expresión de la soberanía, ni tampoco una constitución, ya que no provienen de un poder constituyente originario (que no estaba investido en los territorios que se convirtieron en comunidades autónomas). Más bien, deben su existencia a su reconocimiento por parte del Estado sin que, en ningún caso, el principio de autonomía ponga en cuestión el principio de unidad.
Además de esto, se establece un principio de competencia respecto a las normas dictadas por los parlamentos de las distintas comunidades autónomas (decretos del gobierno regional, órdenes del gobierno regional, etc.).
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El proyecto de ley drat incorpora a la legislación española la Directiva (UE) 2017/828 (“DSR II”), flexibiliza los procesos que permiten a las empresas captar financiación en los mercados e introduce mejoras normativas en materia de gobierno corporativo y funcionamiento de los mercados de capitales.
El proyecto de ley inicia ahora su tramitación parlamentaria y podría ser aprobado en el último trimestre del año. Podrá ser modificado mediante la aprobación de las enmiendas que los distintos grupos parlamentarios puedan introducir.
El proyecto de ley introduce un nuevo régimen especial de operaciones vinculadas para las empresas cotizadas con el fin de hacer más claro y sistemático su sistema. Se establece una definición de “operaciones vinculadas” remitiendo a las Normas Internacionales de Contabilidad, y se amplía la lista de “personas vinculadas al administrador”. El régimen sustantivo se estructura en dos partes diferenciadas: régimen de publicidad y régimen de aprobación, con diferentes excepciones para cada una de ellas. Se regula por separado la aprobación de las operaciones vinculadas intragrupo.
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La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, dijo “Estamos marcando un hito, un punto de partida desde el que mirar siempre hacia delante e ir más allá, nunca menos. Esta ley aborda retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad”.
Y en cuanto a las Energías Renovables, se establece el fomento con planes específicos del uso de gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano y el hidrógeno, incorporando entre otras las siguientes medidas:
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Sección 1. El poder legislativo recaerá en el Congreso de Filipinas, que estará compuesto por un Senado y una Cámara de Representantes, excepto en la medida reservada al pueblo por la disposición sobre iniciativa y referéndum.
Sección 3. Ninguna persona podrá ser senador a menos que sea ciudadano nacido en Filipinas y, el día de la elección, tenga al menos treinta y cinco años de edad, sepa leer y escribir, esté inscrito en el censo electoral y sea residente en Filipinas durante al menos los dos años inmediatamente anteriores al día de la elección.
Sección 4. El mandato de los Senadores será de seis años y comenzará, a menos que la ley disponga otra cosa, al mediodía del trigésimo día de junio siguiente a su elección. Ningún senador podrá ejercer su cargo durante más de dos mandatos consecutivos. La renuncia voluntaria al cargo por cualquier período de tiempo no se considerará como una interrupción de la continuidad de su servicio por el período completo para el que fue elegido.
Sección 5. (1) La Cámara de Representantes se compondrá de no más de doscientos cincuenta miembros, a menos que la ley fije otra cosa, que serán elegidos de distritos legislativos repartidos entre las provincias, ciudades y el área metropolitana de Manila de acuerdo con el número de sus respectivos habitantes, y sobre la base de una proporción uniforme y progresiva, y los que, según disponga la ley, serán elegidos a través de un sistema de listas de partidos de los partidos u organizaciones nacionales, regionales y sectoriales registrados.
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