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Acuerdos entre Sniace y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) para la devolución de un importe de 1.702 millones de pesetas, correspondiente a los salarios atrasados de la plantilla pagados por el FOGASA por cuenta de Sniace.

Acuerdos entre Sniace y el Fondo de Garantía Salarial FOGASA para la devolución de un importe total de 1.702 millones de pesetas, correspondiente a los salarios atrasados de la plantilla pagados por el FOGASA por cuenta de Sniace

(f) acuerdos entre SNIACE y el fondo de garantía salarial FOGASA que cubren el reembolso de un importe total de 1.702 millones de pesetas, correspondiente a salarios atrasados de la plantilla pagados por el FOGASA por cuenta de SNIACE:

(f) acuerdos entre SNIACE y el fondo de garantía salarial FOGASA que cubren el reembolso de un importe total de 1.702 millones de pesetas, correspondiente a los salarios atrasados de la plantilla pagados por el FOGASA por cuenta de SNIACE:

Por lo tanto, el Comité pide que se ponga en marcha sin demora el instrumento europeo de ejecución, especialmente en aquellos ámbitos en los que existe cierta urgencia: reclamaciones de alimentos, pagos atrasados, pagos de salarios atrasados, impago de salarios como consecuencia de la quiebra de empresas, etc.

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Este instrumento consiste en un fondo estatal especial de insolvencia dirigido a los trabajadores cuyo empleador haya sido declarado insolvente o en quiebra, o que haya tenido que dejar de pagar los salarios por determinadas razones económicas.

Se considera que la insolvencia se produce por razones económicas, técnicas y organizativas, cuando la fuerza mayor pone fin a los contratos de trabajo o cuando los bienes encontrados por un procedimiento de ejecución judicial son insuficientes.

El Fondo Especial del Estado para la Insolvencia (FOGASA) se dirige a los trabajadores cuyo empresario ha sido declarado insolvente o en quiebra, o que ha tenido que dejar de pagar los salarios por determinadas razones económicas. La Ley 22/2003 define la insolvencia como la situación en la que una empresa deudora no puede cumplir regularmente sus obligaciones deudoras.

La ley de insolvencia de 2003 establece el privilegio de los trabajadores como acreedores en caso de que la empresa sea insolvente. Los créditos de los trabajadores de la empresa (salarios de los 30 días anteriores a la apertura de los procedimientos colectivos; salarios por el trabajo posterior al inicio de los procedimientos colectivos; compensaciones económicas relacionadas con la terminación del contrato de trabajo, etc.) tienen la prioridad, situándose por delante de todos los demás créditos.

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La sentencia 981/2018 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de fecha 27 de noviembre de 2018, de la que se ha dicho que compromete seriamente la viabilidad de las unidades productivas en sede concursal ha de ser valorada conforme a su debida inteligencia .

Cuestión distinta es que -si hay una sucesión de empresa- el Juez Concursal tenga la facultad de acordar que el adquirente no se subrogue en el importe de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago con carácter previo a la enajenación que asume el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) de acuerdo con el artículo 33 ET. Esta posibilidad está expresamente prevista en el artículo 149.4 de la Ley Concursal (LC). Pero lo que no debe ser objeto de controversia es si los salarios pendientes que no han sido abonados por el FOGASA han de ser pagados por el adjudicatario, porque en efecto, en virtud de la sucesión de empresa, tales indemnizaciones pendientes han de ser pagadas por el nuevo empresario , que se ha subrogado en las obligaciones pendientes del anterior.

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El grupo parlamentario del Partido Popular español ha añadido una enmienda al Real Decreto Ley 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores de España durante la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Esta enmienda suprime el apartado 8 del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, lo que significa que el FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) dejaría de aportar una parte de la indemnización por despido para los contratos indefinidos. Esto sólo se aplicaría a las empresas con menos de 25 trabajadores durante los procedimientos de despido por causas objetivas o para las empresas en situación de insolvencia.

La propuesta de enmienda está pendiente de su votación final en el Senado y en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, si se aprueba, entraría en vigor el 1 de enero de 2014 y aumentaría considerablemente los costes de los despidos de trabajadores para las empresas con menos de 25 empleados.