▷ España suspension de pagos | Actualizado junio 2024

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En noviembre de 2020, pocos meses después de declararse el estado de excepción, en virtud del Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético y en materia tributaria, el Gobierno restringió aún más la libertad de realizar inversiones extranjeras en España y amplió la exigencia de una autorización para invertir en España a los extranjeros residentes en la UE o en la AELC cuando el beneficiario efectivo sea un residente en la UE o en la AELC. Está previsto que la ampliación de estas restricciones respecto a los residentes en la UE y la AELC finalice el próximo 31 de diciembre de 2021.

El requisito de autorización previa es aplicable a las “inversiones directas”, que, según la Ley, se definen como aquellas inversiones a raíz de las cuales el inversor (i) posea una participación igual o superior al 10% del capital social de una empresa española; o (ii) adquiera el control de dicha empresa según los criterios establecidos en el artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (es decir, cuando como consecuencia de la operación el inversor pueda ejercer una influencia clave en la empresa a través de la propiedad o de los derechos de voto).

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Esto siguió a una Recomendación de la Comisión Europea que animaba a los Estados miembros a adelantar la aplicación del Reglamento (UE) 2019/452, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión, que debía entrar en vigor el 11 de octubre de 2020 (Reglamento UE 2019/452).

El Reglamento UE 2019/452 se basa en la noción de IED, en contraposición a la inversión de cartera en valores extranjeros, y gira en torno a la posibilidad de que los Estados miembros adopten mecanismos de control y decisiones de control sobre los inversores extranjeros por razones de seguridad u orden público, adoptando al mismo tiempo las medidas necesarias para identificar e impedir la elusión de dichos mecanismos y decisiones (artículos 3.1 y 3.6).

Es necesaria una autorización para aquellas inversiones realizadas por determinados inversores (véase el apartado 2.3) o realizadas en empresas que operan en determinados sectores considerados estratégicos (véase el apartado 2) cuando como resultado de dicha inversión (i) la inve

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Las autoridades sanitarias han empezado a utilizar una estrategia que se propuso por primera vez en la Segunda Guerra Mundial: las pruebas de grupo. China, India, Alemania y Estados Unidos ya utilizan este método. Cuatro gráficos muestran cómo la agrupación de muestras de muchas personas puede dar con casos individuales utilizando menos tiempo, reactivos químicos y dinero.

La galaxia NGC 2775, situada a 67 millones de años luz (20,5 millones de parsecs) en la constelación de Cáncer, aparece en todo su esplendor en esta imagen del telescopio espacial Hubble. La borrosidad se debe a la presencia de parches de gas -fábricas de producción de estrellas- a lo largo de sus brazos espirales. (Popular Science | 6 min read)ESA/Hubble & NASA, J. Lee y el equipo PHANGS-HST; Agradecimientos: Judy Schmidt (Geckzilla)

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También se considerará que hay fuerza mayor en todos aquellos casos extraordinarios en los que se deba paralizar la actividad de la empresa como consecuencia del contagio de la plantilla o del aislamiento preventivo decretado por la autoridad sanitaria competente.

Los trabajadores afectados por el ERTE, cualquiera que sea su naturaleza, tendrán derecho a las prestaciones por desempleo. Este derecho se reconoce a todos los trabajadores, incluso a aquellos que no cumplan con el periodo mínimo de cotización (360 días en los últimos 6 años). Además, el periodo de percepción de la prestación no se imputará al total de las prestaciones de los derechos de desempleo.

Para el cálculo de las prestaciones correspondientes a cada trabajador, se tendrá en cuenta la remuneración percibida durante los últimos 180 días trabajados. Si el tiempo trabajado es inferior a esa cifra, se considerará el número de días trabajados antes de la suspensión del contrato.

No obstante, se anima a las empresas a implantar mecanismos de teletrabajo, siempre que sea posible por las características de cada puesto de trabajo. Para implantar esta medida se debe realizar una evaluación de riesgos tal y como establece el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.