La organización territorial del estado. las comunidades autónomas

La organización territorial del estado. las comunidades autónomas

aragón

1. No será necesario esperar a que transcurra el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 cuando la iniciativa para alcanzar el autogobierno sea acordada, dentro del plazo previsto en el apartado 2 del artículo 143, no sólo por las correspondientes Diputaciones Provinciales u órganos interinsulares, sino también por las tres cuartas partes de los Ayuntamientos de cada provincia afectada, que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, y dicha iniciativa sea ratificada en referéndum por la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, en los términos que se establezcan por ley orgánica.
i) El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones electorales del ámbito territorial que pretende autogobernarse para que se constituyan en Asamblea a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de Autonomía, que deberá ser aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros.
ii) Una vez aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea Parlamentaria, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, que lo examinará en el plazo de dos meses con la colaboración y asistencia de una delegación de la Asamblea que lo haya propuesto, para decidir de común acuerdo su forma definitiva.

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En España, una comunidad autónoma es una división política y administrativa de primer nivel, creada de acuerdo con la Constitución Española de 1978, con el objetivo de garantizar una autonomía limitada de las nacionalidades y regiones que componen España[1][2][3].
España no es una federación, sino un país unitario descentralizado[4][5].[1] Si bien la soberanía recae en la nación en su conjunto, representada en las instituciones centrales de gobierno, la nación ha transferido, en grados variables, el poder a las comunidades, que, a su vez, ejercen su derecho de autogobierno dentro de los límites establecidos en la constitución y en sus estatutos de autonomía[1] Cada comunidad tiene su propio conjunto de competencias transferidas; normalmente, aquellas comunidades con un nacionalismo local más fuerte tienen más competencias, y este tipo de transferencia se ha denominado asimétrica. Algunos estudiosos se han referido al sistema resultante como un sistema federal en todo menos en el nombre, o una “federación sin federalismo”[6].
Hay 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas que se conocen colectivamente como “autonomías”[i] Las dos ciudades autónomas tienen derecho a convertirse en comunidades autónomas, pero ninguna lo ha ejercido todavía. Este marco único de administración territorial se conoce como “Estado de las Autonomías”[ii].

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Uno. A los efectos de este Estatuto, gozan de la condición política de aragoneses los ciudadanos españoles que, conforme a las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en alguno de los Municipios de Aragón.
Dos. Los españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en Aragón y acrediten esta condición en el correspondiente Consulado de España gozan también de los derechos políticos previstos en este Estatuto. Los mismos derechos corresponderán a sus descendientes, si así lo solicitan, siempre que tengan la nacionalidad española.
a) Promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los aragoneses en la vida política, económica, cultural y social.
b) Impulsar una política dirigida a mejorar y equiparar las condiciones de vida y trabajo de los aragoneses, especialmente propugnando medidas que eviten su éxodo y posibiliten el de los que viven y trabajan fuera de Aragón.

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Los territorios insulares portugueses de las Azores y Madeira, que tienen estatutos políticos y administrativos elaborados por las asambleas legislativas regionales y aprobados por la Asamblea de la República.
En cuanto a la identidad cultural, incorpora disposiciones más detalladas sobre el derecho de domicilio y el uso del sueco en la educación. Este derecho de domicilio8 permite al ciudadano participar en las elecciones provinciales y municipales (incluido el derecho a presentarse como candidato), ejercer actividades comerciales y adquirir bienes inmuebles. También otorga la exención del servicio militar.
Si las minorías están dispersas por el territorio, sólo es posible prever una autonomía cultural. Cuando un grupo es dominante en una región pero está disperso por otras, puede aplicarse un enfoque mixto que combine la autonomía territorial política y cultural.
6 Autonomía local, integridad territorial y protección de las minorías, Lausana 25-27 de abril de 1996, Actas de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, contribución de Asbjorn Eide, Director del Instituto Noruego de Derechos Humanos, Oslo.

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