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El derecho a la libre circulación está garantizado por el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). Sin embargo, el derecho de los ciudadanos de la UE a la libre circulación no es incondicional; puede ejercerse bajo las condiciones y restricciones de la legislación comunitaria.
Los ciudadanos de la UE pueden entrar y permanecer en el territorio de otro Estado miembro durante un máximo de tres meses sin estar sujetos a ninguna condición o formalidad, salvo el requisito de estar en posesión de un documento de identidad o un pasaporte válidos.
Así pues, la idea subyacente es que para residir durante más de tres meses en otro Estado miembro, los ciudadanos de la UE deben disponer de recursos suficientes para ellos y los miembros de su familia para no convertirse en una carga para el sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida.
Además, los ciudadanos de la UE tienen derecho a ejercer una actividad económica en cualquier otro Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de ese Estado miembro, es decir, a trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia y a ofrecer y recibir servicios.
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La libertad de circulación y residencia de las personas en la UE es la piedra angular de la ciudadanía de la Unión, establecida por el Tratado de Maastricht en 1992. A la supresión gradual de las fronteras interiores en virtud de los acuerdos de Schengen siguió la adopción de la Directiva 2004/38/CE sobre el derecho de los ciudadanos de la UE y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en la UE. A pesar de la importancia de este derecho, persisten importantes obstáculos para su aplicación.
Artículo 3.2 del Tratado de la Unión Europea (TUE); artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); Títulos IV y V del TFUE; artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El concepto de libre circulación de personas ha cambiado de significado desde su creación. Las primeras disposiciones en la materia, en el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 1957, se referían a la libre circulación de los trabajadores y a la libertad de establecimiento y, por tanto, a las personas como asalariados o prestadores de servicios. El Tratado de Maastricht introdujo la noción de ciudadanía de la UE de la que debe disfrutar automáticamente todo nacional de un Estado miembro. Esta ciudadanía de la UE es la que sustenta el derecho de las personas a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. El Tratado de Lisboa confirmó este derecho, que también se incluye en las disposiciones generales sobre el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.
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La responsabilidad conjunta de los Estados miembros y las instituciones de la UE de defender los derechos de los ciudadanos de la UE a vivir y trabajar en otro país de la UE se subraya en un documento político que acaba de adoptar la Comisión Europea. Para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en este sentido, el documento de la Comisión esboza cinco acciones concretas para reforzar el derecho a la libre circulación, al tiempo que ayuda a los Estados miembros a aprovechar los beneficios que aporta. El documento político aclara los derechos de los ciudadanos de la UE a la libre circulación y al acceso a las prestaciones sociales, y aborda las preocupaciones planteadas por algunos Estados miembros en relación con los retos que los flujos migratorios pueden representar para las autoridades locales.
“El derecho a la libre circulación es un derecho fundamental y se encuentra en el corazón de la ciudadanía de la UE. Más de dos tercios de los europeos dicen que la libre circulación es beneficiosa para su país. Tenemos que reforzarlo y salvaguardarlo”, dijo la Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE. “Soy consciente de la preocupación de algunos Estados miembros por los posibles abusos relacionados con los flujos de movilidad. Los abusos debilitan la libre circulación. La Comisión Europea está ahí para echar una mano a los Estados miembros para hacer frente a estos problemas. Por ello, la Comisión ha presentado hoy cinco medidas que ayudarán a los Estados miembros a abordar posibles casos de abuso y a utilizar el dinero de la UE para la inclusión social de forma más eficaz. Trabajemos juntos para salvaguardar el derecho a la libre circulación. Los ciudadanos europeos cuentan con ello”.
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La legislación sobre la libre circulación de personas tiene como objetivo eliminar todos los obstáculos a la libre circulación y dar los mismos derechos a los nacionales de un Estado del EEE y a los miembros de su familia dentro del EEE, eliminando cualquier discriminación por razón de nacionalidad.
Para complementar y apoyar el principio de la libre circulación de personas, el Acuerdo sobre el EEE también especifica las normas aplicables en los ámbitos del reconocimiento de las cualificaciones profesionales y la coordinación de la seguridad social. Ambas son necesarias para que las personas puedan ejercer efectivamente su derecho fundamental a la libre circulación.
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