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ESIC | Régimen de la Sociedad Estatal de Seguros de los Empleados
Las obligaciones del fondo se extienden a las reclamaciones salariales, a la indemnización por pérdida de salario como consecuencia de la rescisión de un contrato de trabajo, a la paga de vacaciones, a la indemnización por daños y perjuicios causados por un accidente laboral y a las primas del fondo de pensiones contra un empresario insolvente que resida y haya estado operando en Islandia.
El Fondo de Garantía Salarial funciona en virtud de la Ley nº 88/2003. El fondo de garantía será gestionado por un consejo de tres miembros nombrados por el Ministro de Asuntos Sociales por períodos de cuatro años de acuerdo con las nominaciones realizadas por la Federación Islandesa del Trabajo y la Confederación de Empresarios Islandeses. La Dirección de Trabajo se encarga del funcionamiento cotidiano del fondo. Las cuentas anuales del fondo serán auditadas por la Oficina Nacional de Auditoría y se publicarán en la sección B del Boletín Oficial y Ministerial.
GESTIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES
Subsidios por jornada reducida (Fondo de Garantía Salarial Ordinaria – CIGO -, y Fondo de Garantía Salarial Extraordinaria – CIGS -, Fondo de Garantía Salarial Excepcional – CID -, contratos de solidaridad, fondos de solidaridad)
Subsidios por jornada reducida (Fondo de Garantía Salarial Ordinaria – CIGO -, y Fondo de Garantía Salarial Extraordinaria – CIGS -, Fondo de Garantía Salarial Excepcional – CID -, contratos de solidaridad, fondos de solidaridad)
La Ley nº 148/2015 (Ley de Empleo – Régimen de Desempleo por Crisis Temporal, en adelante “JACT”) reformó todo el conjunto de normas relativas a las medidas de apoyo a los ingresos de las personas con empleo (regímenes de prestaciones por desempleo en forma de subsidios de corta duración). El JACT suprimió todas las normas anteriores y estableció un texto consolidado que preveía la posibilidad de que las empresas tuvieran acceso a los siguientes instrumentos
Otro instrumento de apoyo (Cassa Integrazione in Deroga, CID), introducido durante la crisis financiera mundial y posteriormente suprimido, fue reintroducido por el nuevo decreto para apoyar a las pequeñas empresas con menos de cinco empleados que no tienen acceso a los otros instrumentos de apoyo.
¿Qué es el salario mínimo? Finanzas 101
Los salarios de tres meses de los trabajadores que surgen de la relación laboral en caso de que un empleador que emplea a personas aseguradas de acuerdo con la Ley del Seguro de Desempleo no. 4447 tenga dificultades para realizar los pagos debido a un acuerdo de quiebra, la emisión de un certificado de insolvencia, la quiebra, el aplazamiento de la quiebra,
Los trabajadores con salarios pendientes de pago por parte del empleador en situación de insolvencia antes del 01.06.2003 deben solicitarlo en persona o a través de un representante (que lleve una carta de representación notarial) con al menos uno de los documentos que se indican a continuación a una unidad de la Agencia.Certificado de Insolvencia o Acta de Embargo equivalente al Certificado de Insolvencia adquirido en la Oficina de Ejecución,
Los empresarios deben conocer el sistema de protección salarial del Gobierno
El Fondo de Garantía Salarial es una estructura de gestión de fondos compuesta por el gobierno, los representantes de los trabajadores y los empresarios, y asegura la protección financiera de los trabajadores en caso de insolvencia o de situación económica difícil. El fondo garantiza el pago de los salarios, las vacaciones, las indemnizaciones por Navidad y por alimentos y las indemnizaciones por despido.
El 21 de abril de 2015 se aprobó un nuevo régimen del fondo mediante el Decreto Ley 59/2015. Este adapta el régimen del fondo al Programa Revitaliza garantizando que las reclamaciones de los trabajadores de las empresas adscritas a planes de revitalización o recuperación también tengan acceso al fondo.
Con el nuevo régimen, el fondo pasa a cubrir también a los trabajadores que trabajen o hayan trabajado habitualmente en el territorio nacional para un empresario con actividades en los territorios de al menos dos Estados miembros de la UE, aunque el empresario sea declarado insolvente por un tribunal o autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
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