Quien paga la seguridad social en los ertes

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Se ha aprobado una línea de avales de 100.000 millones de euros para dotar a las empresas de la liquidez que necesitan y se utilizarán hasta 200.000 millones de euros, lo que corresponde al 20% del PIB español (117.000 millones serán públicos y el resto privados).

Por otro lado, es importante señalar que esta exención para las empresas no tendrá ningún efecto sobre los trabajadores, ya que el periodo se entenderá como efectivamente cotizado a la Seguridad Social a todos los efectos.

El artículo 23 prevé la flexibilización de las medidas en relación con los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, básicamente la reducción de los plazos tanto para la constitución de la comisión negociadora (5 días) como para la reducción del periodo de consultas (7 días).

No obstante, en el caso de que se presente un ERTE conforme al artículo 23 y sea aprobado por la Autoridad Laboral, la Empresa no quedará exonerada de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores acogidos al ERTE.

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Debido a la paralización de muchas empresas, tanto grandes como pequeñas, el Consejo de Ministros adoptó medidas para intentar conseguir una mayor flexibilidad en los ajustes temporales de las plantillas. También reflejó la posibilidad de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTEs) para tratar de paliar y evitar los despidos, siendo ésta la medida más llamativa en el ámbito laboral

Esto significa que se podrán realizar despidos pero las empresas estarán obligadas a pagar posteriormente al trabajador la máxima indemnización por despido improcedente (33 días de salario por año trabajado, en lugar de los 20 días por año trabajado del despido por causas objetivas).

La medida recomendada para las empresas es realizar un ERTE (medidas temporales de regulación de empleo) con la consiguiente suspensión del contrato o reducción de jornada en función de las necesidades de la empresa, como se explica a continuación.

En caso de suspensión del contrato, los trabajadores tendrán derecho a percibir la prestación por desempleo (artículo 262 de la Ley General de la Seguridad Social) consistente en el 70 por ciento de su base reguladora durante los primeros 180 días y el 50 por ciento a partir del día 180.

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La situación de pandemia iniciada en marzo de 2020 nos ha empujado a una crisis inesperada, tanto social como laboral, en la que hemos visto mermada nuestra capacidad de trabajar y obtener ingresos, sólo mitigada por la aplicación de la fórmula del ERTE.

Aunque ya estamos superando lo peor de la crisis y la actividad de los vuelos se va recuperando poco a poco, todavía existen dudas sobre los efectos de la aplicación de los ERTES.      A través de los siguientes puntos trataremos de aclarar algunas de las preguntas habituales sobre las consecuencias del ERTES en nuestro derecho a generar desempleo y otras prestaciones contributivas.

Sí, tanto el Real Decreto 8/2020 de marzo de 2020 como las sucesivas leyes de prórroga de los ERTEs otorgan a los trabajadores el derecho a percibir la prestación por desempleo aunque no hayan cotizado el tiempo mínimo exigido. Esta protección respecto al tiempo mínimo se ha mantenido a través de diversas prórrogas hasta el 30 de septiembre.

En el caso de una reducción de jornada por ERTE, la prestación generada se consumirá en horas y no en días. Por tanto, el porcentaje consumido será equivalente al de la reducción de jornada.

la legislación laboral española

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma en España, incluye una serie de medidas, entre ellas la limitación de la libertad de circulación, que limita la libertad de movimiento de las personas, aunque les permite acudir a su puesto de trabajo como trabajadores o empresarios.

Se trata de una situación extraordinaria que ha provocado la paralización de actividades empresariales, el cierre temporal de algunas empresas y el aumento del teletrabajo. Estas situaciones tienen un impacto en las relaciones laborales y han llevado a la adopción de medidas para mitigar los posibles efectos negativos sobre las empresas y los trabajadores.

En cualquier caso, estas medidas extraordinarias en materia de empleo recogidas en el Real Decreto-Ley estarán supeditadas al compromiso de la empresa de mantener los puestos de trabajo durante un periodo de seis meses desde la reanudación de su actividad.

Cuando se establezca el trabajo a distancia, la empresa deberá poner a disposición de los trabajadores los medios necesarios para el desarrollo de la actividad. Previo acuerdo entre las partes, los trabajadores podrán poner a disposición de la empresa sus equipos personales para permitir el teletrabajo.

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