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Importaciones463.100 millones de dólares (est. 2019)[5]Bienes de importaciónCombustibles, productos químicos, productos semielaborados, alimentos, bienes de consumo, maquinaria y equipos, instrumentos de medición y control médicoPrincipales socios de importación
La economía de España es la decimocuarta del mundo por PIB nominal y una de las mayores del mundo por paridad de poder adquisitivo. El país es miembro de la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización Mundial del Comercio. España tiene una economía mixta capitalista. La economía española es la quinta más grande de Europa, por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, así como la cuarta más grande de la eurozona, según las estadísticas del PIB nominal. En 2019, España fue el decimoquinto exportador mundial y el decimocuarto importador. España figura en el puesto 25 del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas y en el 32 del PIB per cápita del Banco Mundial. Por tanto, está clasificada como una economía de renta alta, y entre los países de muy alto desarrollo humano[21] Según The Economist en 2005, España tenía la 10ª calidad de vida del mundo[22].

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Dolado, J.J., Felgueroso, F. y Jimeno, J.F. (2021), “Pasado, presente y futuro del mercado laboral español: cuando la pandemia se encuentra con las megatendencias”, Applied Economic Analysis, Vol. 29 No. 85, pp. 21-41. https://doi.org/10.1108/AEA-11-2020-0154
Durante las últimas cuatro décadas, el comportamiento del mercado laboral español ha sido (y sigue siendo) muy disfuncional. Entre sus rasgos más preocupantes antes de la crisis pandémica, destacan los siguientes:
Bajo la fuerte presión tanto del colapso del empleo como de la disparada tasa de paro provocada por las crisis financiera y de deuda soberana mundiales, el principal objetivo de la reforma del mercado laboral de 2012 fue lograr una mayor flexibilidad interna, tanto en términos de salarios como de condiciones laborales. Las nuevas regulaciones aprobadas (facilitar el descuelgue de las empresas de los convenios sectoriales, fomentar la negociación salarial a nivel de empresa, limitar las cláusulas de ultraactividad, facilitar el empleo a tiempo parcial, etc.) permitieron aumentar el poder de negociación de las empresas frente a los trabajadores, con el objetivo de reducir los costes laborales y fomentar las exportaciones como salida hacia la recuperación (Almunia et al., 2020).

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El Gobierno español ha aprobado recientemente un aumento del salario mínimo hasta los 900 euros en 2019, el mayor incremento en 40 años. Aunque la evidencia empírica puede apoyar la necesidad de tal medida, los riesgos potenciales deben ser evaluados cuidadosamente.
Resumen: La recientemente aprobada subida del salario mínimo en un 22,3%, hasta los 900 euros mensuales en 2019 -prevista para alcanzar los 1.000 euros en 2020- hará que España pase de ser uno de los países con los salarios mínimos más bajos a uno de los más altos. Esta decisión podría estar en parte justificada dado el bajo nivel salarial actual del país y la desvinculación de los salarios de la productividad laboral, aunque existen grandes diferencias entre sectores. Sin embargo, la magnitud del aumento puede ser desproporcionada o, como mínimo, arriesgada. No está claro que un salario mínimo sea la mejor herramienta para abordar la creciente desigualdad de ingresos de los hogares, ya que no existe una correlación clara entre los niveles salariales y la pobreza de los hogares. Además, los datos demuestran que los aumentos desproporcionados del salario mínimo pueden afectar significativamente al empleo de los trabajadores con salarios bajos, los trabajadores de más edad, los jóvenes y otros grupos ya vulnerables.

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Este artículo se centra en uno de los programas de ayudas públicas más comúnmente adoptados en los distintos países: compensar a las empresas por los costes laborales de mantener a los empleados temporalmente empleados, aunque inactivos (es decir, empleados despedidos). En España, este programa se denominó ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y estaba abierto a cualquier empresa, incluidos los autónomos, que pudiera demostrar una disminución de sus ingresos por razones directa o indirectamente relacionadas con la pandemia. En el periodo de dos semanas de finales de abril y principios de mayo, el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) puso en marcha una encuesta a distancia, sin intervención y anónima, para obtener información fresca y puntual sobre cómo la pandemia estaba afectando a la actividad y a las perspectivas de venta de las empresas de la región, sobre cómo habían respondido las empresas al impacto de la pandemia y sobre si habían solicitado o no ayudas del ERTE. La autoselección de los encuestados, sin garantía de representación previa, y con empresas que respondían sobre sus perspectivas e intenciones, no sobre sus decisiones reales, fue el precio que se pagó por la puntualidad de los datos recogidos, cuando las estadísticas oficiales sólo llegarían con meses de retraso. Se ha informado de otras iniciativas de recogida de datos de las empresas, similares a los datos de la encuesta recogida para esta investigación [2-5].