Tratado de estabilidad coordinación y gobernanza

Tratado de estabilidad coordinación y gobernanza en línea

En definitiva, este Comentario considera que el Pacto Fiscal firmado el 2 de marzo de 2012 por todos los Estados miembros de la UE (excepto el Reino Unido y la República Checa) puede tener muchas buenas intenciones, pero es bastante escaso en cuanto a su contenido. El principal peligro es que se ha sobrevalorado y no constituye en absoluto un primer paso hacia la unión fiscal o política.
Es probable que el proceso de ratificación (por ejemplo, el referéndum en Irlanda) y luego el proceso de aplicación en algunos países difíciles (por ejemplo, Francia) reciban mucha atención y creen una impresión distorsionada de la importancia del Pacto Fiscal. Sin embargo, una vez que haya pasado el entusiasmo inicial y se hayan puesto en marcha las normas fiscales nacionales, este Tratado se olvidará tranquilamente.

Mecanismo europeo de estabilidadorganización intergubernamental

El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria; también denominado TSCG, o más sencillamente Tratado de Estabilidad Fiscal[3][4][5] es un tratado intergubernamental introducido como una nueva versión más estricta del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, firmado el 2 de marzo de 2012 por todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), excepto la República Checa y el Reino Unido. [1] El tratado entró en vigor el 1 de enero de 2013 para los 16 Estados que completaron la ratificación antes de esa fecha[6] A 3 de abril de 2019, había sido ratificado y había entrado en vigor para los 25 signatarios más Croacia, que se adhirió a la UE en julio de 2013, y la República Checa.
El Pacto Fiscal es el capítulo fiscal del Tratado (Título III). Vincula a 22 Estados miembros: los 19 de la zona del euro, más Bulgaria, Dinamarca y Rumanía, que han optado por adherirse. Va acompañado de un conjunto de principios comunes.
Si el presupuesto o la cuenta fiscal estimada de cualquier Estado que lo ratifique no cumple con los criterios de déficit o deuda, el Estado está obligado a rectificar el problema. Si un Estado incumple los criterios en el momento de la entrada en vigor del tratado, la corrección se considerará suficiente si aporta mejoras anuales lo suficientemente importantes como para mantenerse en una “senda de ajuste” predefinida por el país hacia los límites en un horizonte a medio plazo. En caso de que un Estado sufra una recesión importante, quedará exento de la obligación de realizar una corrección fiscal mientras dure ésta[10][11].

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Suspensión de las normas fiscales de la ue

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Este “pacto fiscal” impone a los países de la zona del euro requisitos sobre sus políticas presupuestarias. Otros países de la UE pueden participar si lo desean. De los 28 países de la UE (1), sólo la República Checa, Croacia y el Reino Unido (1) no han firmado el acuerdo. Refuerza el Pacto de Estabilidad y Crecimiento reformado, según el cual:

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El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria; también denominado TSCG, o más sencillamente Tratado de Estabilidad Fiscal[3][4][5] es un tratado intergubernamental introducido como una nueva versión más estricta del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, firmado el 2 de marzo de 2012 por todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), excepto la República Checa y el Reino Unido. [1] El tratado entró en vigor el 1 de enero de 2013 para los 16 Estados que completaron la ratificación antes de esa fecha[6] A 3 de abril de 2019, había sido ratificado y había entrado en vigor para los 25 signatarios más Croacia, que se adhirió a la UE en julio de 2013, y la República Checa.
El Pacto Fiscal es el capítulo fiscal del Tratado (Título III). Vincula a 22 Estados miembros: los 19 de la zona del euro, más Bulgaria, Dinamarca y Rumanía, que han optado por adherirse. Va acompañado de un conjunto de principios comunes.
Si el presupuesto o la cuenta fiscal estimada de cualquier Estado que lo ratifique no cumple con los criterios de déficit o deuda, el Estado está obligado a rectificar el problema. Si un Estado incumple los criterios en el momento de la entrada en vigor del tratado, la corrección se considerará suficiente si aporta mejoras anuales lo suficientemente importantes como para mantenerse en una “senda de ajuste” predefinida por el país hacia los límites en un horizonte a medio plazo. En caso de que un Estado sufra una recesión importante, quedará exento de la obligación de realizar una corrección fiscal mientras dure ésta[10][11].

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