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La última novedad de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía es que están poniendo todo su empeño en poner multas (2.000 euros como mínimo) a cada propietario que haya registrado su vivienda como de alquiler vacacional sin tener la LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN.
¿Por qué hace eso la Junta de Andalucía? Porque el decreto 28/2016 dice, además de otros muchos requisitos, que hay que tener esa LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN. Hubo un periodo de gracia para añadir este documento a las solicitudes, y se emitieron VFTs sin la Licencia de Primera Ocupación. Ese tiempo ya ha pasado y la Junta cumple su palabra.
El turismo es la primera industria en España, y mucho más en Andalucía, e imaginamos que el sector hotelero está presionando mucho a la Junta de Andalucía para que proteja los derechos de los hoteles, hostales, campings, etc. Así que, puede que haya registrado su propiedad de alquiler vacacional en la Junta de Andalucía de Turismo, haya cumplido con todos los requisitos del decreto (instalando aire acondicionado, etc) y haya registrado su Propiedad en la policía como Propiedad de Alquiler Vacacional para comunicar/registrar la entrada y salida de huéspedes a su apartamento o villa, pero cuando compró su propiedad le faltó conseguir la LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN porque, nadie habló de ella como un documento crucial. ¡Posiblemente incluso el abogado que le asistió en la compra de su propiedad de alquiler vacacional! El hecho es que, si quiere alquilar su propiedad, debe tener este documento o estará infringiendo la ley.
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del procedimiento de cobro, al objeto de presentar reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid contra la liquidación derivada del Acta y carta de pago recibida el 23 de diciembre de 1998, en concepto de Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el contrato de adjudicación para el desarrollo urbanístico de los derechos de RENFE en el recinto ferroviario de Chamartín.
Garantía de la suspensión del procedimiento recaudatorio, con el fin de reclamar ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid el acta de liquidación y pago recibida el 23 de diciembre de 1998, relativa al impuesto de transmisiones patrimoniales que grava el contrato de adjudicación para el desarrollo urbanístico de los derechos de RENFE en el recinto ferroviario de Chamartín, en Madrid.
Más de 2.500 delegados de las administraciones públicas nacionales, regionales y locales y de las universidades, junto con representantes de empresas privadas vinculadas al sector, participarán en este evento organizado por la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía. www2.iavante.es
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En instituciones como el Hospital Universitario Virgen del Rocío, Montero trabajó posteriormente como administradora de hospitales, ocupando diversos cargos de responsabilidad a lo largo de su carrera, principalmente vinculados a la especialización de la gestión sanitaria[3].
Entre septiembre de 2002 y abril de 2004 Montero ocupó el cargo de viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía, tras lo cual fue nombrada titular de la Consejería de Salud, responsabilidad que desempeñó hasta mayo de 2012, fecha a partir de la cual asumió la cartera de Sanidad y Bienestar Social[5].
Durante el mandato de Montero al frente de la Consejería de Salud se regularon nuevos derechos sanitarios, como la segunda opinión médica, el acceso al diagnóstico genético preimplantacional, el consejo genético o la muerte digna[6] También bajo su dirección, Andalucía desafió la prohibición de la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes sin papeles en 2012, impuesta por el Gobierno central como parte de los recortes de gasto para evitar un rescate internacional en medio de la crisis de la deuda europea[7].
Tax agency of andalusia
That the Parliament of Andalusia has approved and I, in the name of the King and by the authority conferred upon me by the Constitution and the Statute of Autonomy, enact and order the publication of the following law creating the Tax Agency of Andalusia and approving fiscal measures.
The consolidation of the political and administrative autonomy of the Autonomous Communities, which implies financial autonomy and a progressive deepening of the principle of fiscal co-responsibility, reaches its highest level in Andalusia with the correlative weight of its own taxes and the increase of regulatory powers over assigned taxes and, in parallel, over tax management.
In this context, the very evolution in the exercise of tax powers demands a new organizational framework. In this sense, the Autonomous Community of Andalusia must aspire to have an administrative organization capable of successfully facing its fiscal responsibility and with a service to the citizens of the highest quality which, in addition, makes effective the constitutional principles and rights and the respect for the rights and guarantees of the taxpayers.
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