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Sea cual sea el motivo, es muy común ver cómo las empresas desaparecen. Así funciona el mundo empresarial. Cómo hacerlo paso a paso y cómo funciona el proceso es algo que genera muchas dudas, pero en este artículo lo vamos a analizar de forma fácil y completa. Así, vamos a estudiar cómo disolver y liquidar una sociedad limitada en España, cuáles son los principales motivos o casos para hacerlo y responderemos a las preguntas más frecuentes que cualquier interesado puede hacerse sobre la cancelación de una S.L.
Como veremos en un momento, la disolución es el primer paso del proceso, en el que se toma la decisión de cerrar la empresa y se inicia el proceso. Puede ser una liquidación voluntaria, o forzosa (cierre forzoso).
Hay tres causas diferentes que pueden llevar a la disolución y liquidación de una empresa. Entender cada una de ellas es fundamental, ya que hay motivos que pueden llevar a la disolución de la empresa aunque los propietarios no estén preparados para ello.
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La Ley de Sociedades de Capital (LSC) prevé la disolución, la liquidación y la extinción. En general, la disolución es una decisión de la junta de accionistas para iniciar el proceso de liquidación. Entre las causas de disolución recogidas en las disposiciones de la LSC se encuentran:
Los liquidadores son responsables de la ejecución de este proceso. Como consecuencia de la disolución, los administradores pierden su poder de representación para celebrar nuevos contratos y compromisos y son sustituidos por los liquidadores, que asumen la función de órgano de administración y de representante de la sociedad durante la fase de liquidación.
La extinción de la empresa se produce en cuanto los liquidadores aportan los documentos correctos (decisión de disolución, nombramiento de liquidador, aceptación del balance de liquidación, asignación de los activos de la empresa, etc.), los hacen certificar ante notario y acuden al Registro Mercantil con la documentación correcta para presentar la cancelación de la inscripción de la empresa. Al mismo tiempo, los liquidadores presentan los libros y documentos de la sociedad disuelta en este Registro.
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La Ley de Sociedades de Capital (LSC) prevé la disolución, la liquidación y la extinción. En general, la disolución es una decisión de la junta de accionistas para iniciar el proceso de liquidación. Entre las causas de disolución recogidas en las disposiciones de la LSC se encuentran:
Los liquidadores son responsables de la ejecución de este proceso. Como consecuencia de la disolución, los administradores pierden su poder de representación para suscribir nuevos contratos y compromisos y son sustituidos por los liquidadores, que asumen la función de órgano de administración y representación de la sociedad durante la fase de liquidación.
La extinción de la empresa se produce en cuanto los liquidadores aportan los documentos correctos (decisión de disolución, nombramiento de liquidador, aceptación del balance de liquidación, asignación de los activos de la empresa, etc.), los hacen certificar ante notario y acuden al Registro Mercantil con la documentación correcta para presentar la cancelación de la inscripción de la empresa. Al mismo tiempo, los liquidadores presentan los libros y documentos de la sociedad disuelta en este Registro.
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Según el RDL, las medidas que afectan al derecho concursal y societario se dirigen a cuatro ámbitos diferentes. El primero se centra en el mantenimiento de la actividad de las empresas, profesionales y autónomos que, con anterioridad a la declaración del estado de alarma, estaban cumpliendo sus obligaciones de pago con sus acreedores y evitar así la liquidación de unidades económicas que podrían ser viables en condiciones normales de mercado. En segundo lugar, se pretende también favorecer la financiación de las empresas para hacer frente a sus necesidades temporales de liquidez, incluyendo y fomentando tanto la financiación intragrupo como la financiación de y especialmente de personas vinculadas mediante pagos y el posterior derecho de subrogación. En tercer lugar, se ponen en marcha medidas adicionales para agilizar los procedimientos concursales ante el previsible aumento del número de procedimientos e incidentes que cabe esperar en los próximos meses. Por último, se establecen dos normas adicionales que tratan de mitigar las consecuencias que podría tener la aplicación de las normas generales sobre liquidación de empresas y sobre declaración de insolvencia, dando a las empresas un plazo adicional para reestructurar su deuda hasta el 31 de diciembre de 2020.
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Bienvenid@, soy Patricia Gómez y te invito a leer mi blog de interés.
