Registro de morosos españa

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La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2015, ha condenado a Orange a pagar 10.000 euros como indemnización por lo que este Tribunal considera una intromisión ilegítima en el derecho al honor por la inscripción de una empresa en el registro de morosos.

Con este argumento, la empresa reclamó, y el Juzgado le concedió, una indemnización de 10.000 euros por entender que con la inclusión de su denominación social en el registro de morosos se había producido una intromisión ilegítima en el derecho al honor, al contener datos que no se ajustaban a la verdad, y por haber provocado una quiebra patrimonial al negársele la financiación del ICO exclusivamente por dicha causa.

El mero hecho de incluir a una empresa en el registro de morosos no implica por sí mismo una lesión del derecho al honor, sin embargo, si esta inclusión se realiza de forma arbitraria y abusiva, como medio de presión para buscar una obtención rápida y menos costosa de las cantidades reclamadas, en estos casos podemos estar ante una intromisión ilegítima en el derecho al honor que se define en el artículo 7. 7 de la LO 1/1982 como “la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor mediante acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”, todo ello porque esta imputación, la de ser moroso, lesiona la dignidad de la persona, menoscaba su fama y atenta contra su propia estimación.

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Estas Directrices armonizan la definición de impago en todo el marco prudencial de la UE y mejoran la coherencia en la forma en que los bancos de la UE aplican los requisitos reglamentarios a sus posiciones de capital. En estas Directrices se ofrece una aclaración detallada de la definición de impago y de su aplicación, que abarca aspectos clave, como el criterio de días de vencimiento para la identificación del impago, los indicios de improbabilidad de pago, las condiciones para el retorno a la situación de no impago, el tratamiento de la definición de impago en los datos externos, la aplicación de la definición de impago en un grupo bancario y aspectos específicos relacionados con las exposiciones minoristas.

La ABE ha publicado hoy el conjunto final de plantillas e instrucciones que las entidades participantes en el Estudio de Impacto Cuantitativo (QIS) sobre la definición de impago deben completar y presentar a sus respectivas Autoridades Competentes (AC) antes del 10 de diciembre de 2015.

La información presentada ayudará a la ABE a estimar el impacto de los requisitos establecidos en sus proyectos de Normas Técnicas de Regulación (NTR) y Directrices propuestas con el fin de armonizar la definición de impago en todo el marco prudencial de la UE.

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La Central de Información de Riesgos del Banco Central de España (CIRBE) tiene una gran relevancia en España en lo que a protección de datos se refiere. Cuando decimos que tiene carácter público y confidencial, no nos referimos a un registro común de morosos, sino a una extensa base de datos donde se recogen todos los riesgos directos e indirectos relacionados con los clientes de las entidades financieras, independientemente de que los titulares estén o no al corriente de pago.

Si se quiere saber si alguien en concreto (sea o no cliente) tiene impagos, cuánto y con qué entidades, esta base de datos no sería la más adecuada para utilizar. El CIBRE sólo informa a las instituciones sobre la información relacionada con sus propios clientes y relevante sólo para los riesgos, avales y créditos sin ninguna especificación sobre qué tipo son y cuáles son sus condiciones actuales.

Es importante destacar que en materia de protección de datos personales, el CIBRE, como base de datos de titularidad pública, está excluido del régimen establecido en el Art. 29 de la LOPD. Por ello, las obligaciones establecidas en la LOPD son inaplicables, aunque la Agencia de Protección de Datos (considerando que la exclusión no es aplicable al resto de la LOPD en cuanto a la responsabilidad de las empresas que suministran información al CIBRE) ha sancionado en numerosos procedimientos el incumplimiento del principio de calidad de la información tanto por altas inadmisibles como por mantener información inexacta.

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Tanto si ha incumplido un pago como si su nombre ha sido incluido por error en una lista de morosos en España, debe saber qué hacer. El retraso en el pago de una sola de sus facturas puede ponerle en riesgo de figurar en un fichero de morosos y reducir sus posibilidades de obtener un préstamo u otro tipo de crédito en el futuro.

Además, si aceptas cualquier pago, ya sea un pago único o un calendario de pagos, mediante la firma de un documento o contrato, si posteriormente no pagas, también se clasifica como impago. Tenga en cuenta que el periodo de reflexión de 14 días no incluye todos los bienes y servicios.

Además, deben haber pasado al menos cuatro meses desde el vencimiento de la deuda y debes recibir una comunicación de la empresa implicada sobre las acciones que van a emprender en un plazo de 30 días. Durante estos 30 días tendrá la oportunidad de corregir cualquier detalle u oponerse a las medidas.

Por ejemplo, cuando la factura de teléfono se domicilia en tu cuenta bancaria, si no estás de acuerdo con el importe cobrado NO te limites a devolver la domiciliación. Cuando una compañía ve que un pago ha sido devuelto, normalmente desconocerá el motivo y se limitará a volver a emitir la orden de domiciliación (a veces con un cargo de comisión extra). Si se devuelve por segunda vez, puedes correr el riesgo de que te incluyan en una lista de morosos por impago.