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En los Estados Unidos, la Seguridad Social es el término comúnmente utilizado para el programa federal de Seguro de Vejez, Supervivencia e Incapacidad (OASDI) y es administrado por la Administración de la Seguridad Social[1] La Ley de Seguridad Social original fue firmada por Franklin D. Roosevelt en 1935,[2] y la versión actual de la Ley, con sus enmiendas,[3] abarca varios programas de bienestar social y seguro social.
La prestación mensual media de la Seguridad Social para diciembre de 2019 fue de 1.382 dólares[4] El coste total del programa de la Seguridad Social para el año 2019 fue de 1,059 billones de dólares, es decir, alrededor del 5 por ciento del PIB de Estados Unidos para 2019[5].
La Seguridad Social se financia principalmente a través de los impuestos sobre las nóminas, denominados impuesto de la Ley de Contribuciones al Seguro Federal (FICA) o impuesto de la Ley de Contribuciones de los Trabajadores Autónomos (SECA). Los ingresos salariales en un empleo cubierto, hasta una cantidad específicamente determinada por la ley (véase la tabla de tipos impositivos más abajo), están sujetos al impuesto sobre la nómina de la Seguridad Social. Los ingresos salariales que superan esta cantidad no están sujetos al impuesto. En 2021, el importe máximo de los ingresos imponibles es de 142.800 dólares[6].
Hasta finales de 2017, el sistema de Seguridad Social de Francia tenía un régimen separado para los trabajadores autónomos que no se dedican a la agricultura. La Ley de Financiación de la Seguridad Social para 2018 eliminó el Régime Social des Indépendants (RSI) y la cobertura obligatoria de la Seguridad Social de estos trabajadores se realiza ahora en el régimen general. No obstante, como se describe en este documento, existen disposiciones específicas que se aplican a los trabajadores autónomos.
Se ha establecido un periodo de transición de 2 años (hasta el 1 de enero de 2020) para transferir las responsabilidades del RSI a los organismos encargados del régimen general (CPAM, CARSAT, URSSAF y CGSS para los departamentos de ultramar).
Las antiguas cajas del RSI se convirtieron en sucursales de la Seguridad Social el 1 de enero de 2018. Han mantenido las mismas competencias (en colaboración con los organismos autorizados cuando se trata del seguro obligatorio de salud-maternidad), salvo que ahora trabajan por cuenta del régimen general.
Para la cobertura de su seguro de enfermedad, en 2019, todos los nuevos trabajadores autónomos deben inscribirse en la caja local del seguro de enfermedad (“caisse primaire d’assurance maladie”/ CPAM) de su lugar de residencia. A partir de 2020, todos los trabajadores autónomos con afiliación previa al RSI y gestión de las prestaciones por parte de una aseguradora o mutua autorizada pasarán por su CPAM para todos los seguros de salud y maternidad y el pago de las prestaciones diarias. Las cajas asignadas a la cobertura de los trabajadores autónomos se encargan también del pago de las pensiones de jubilación básicas y complementarias obligatorias de la Seguridad Social y de las prestaciones por invalidez-muerte (por cuenta del régimen general).
El régimen de la Seguridad Social no debe confundirse con un régimen de pensiones complementario establecido por el empresario (régimen del “segundo pilar”) o un plan de pensiones privado (régimen del “tercer pilar”), cuya afiliación se realiza por iniciativa personal del contribuyente.
Recordemos que, en principio, el empresario o el fondo de pensiones ya tienen en cuenta la desgravación fiscal (deducción) de las cotizaciones obligatorias para determinar la retención fiscal de los salarios o las pensiones.
El empresario o el fondo de pensiones deducirá y transferirá las cotizaciones al Centro Común de la Seguridad Social (CCSS). Para determinar la retención fiscal sobre los salarios, la parte de las cotizaciones sociales del trabajador (fondo de pensiones y fondo de salud) se deduce del salario bruto del trabajador. En principio, la cuota del empresario no figura en el salario bruto y, por tanto, no se deduce del mismo.
Los contribuyentes deben adjuntar una copia de su salario anual o de su certificado de pensión, expedido por el empleador o el fondo de pensiones, o una copia expedida por el Centro Común de Seguridad Social de Luxemburgo o, en su caso, por la institución extranjera equivalente en la que figuren las cotizaciones sociales abonadas durante el ejercicio fiscal.
La publicación de este artículo coincide con la celebración del 70º aniversario de la Ley de Seguridad Social. Se analiza la historia y el desarrollo del programa de la Seguridad Social desde su creación hasta la actualidad. Se presta especial atención a los debates históricos que tienen relevancia para las discusiones políticas actuales. En particular, el artículo analiza los temas relativos al crecimiento del programa, la financiación por reparto, la financiación de reserva, las tasas de rendimiento de las cotizaciones salariales y la adecuación de las prestaciones.
Muchos de los programas federales y estatales que proporcionan seguridad de ingresos a las familias estadounidenses tienen sus raíces en la Ley de Seguridad Social (la Ley) de 1935. Esta ley establecía el seguro de desempleo, el seguro de vejez y los programas de bienestar social sujetos a la comprobación de recursos. La Gran Depresión fue claramente un catalizador de la Ley de Seguridad Social de 1935, y algunas de sus disposiciones -en particular los programas de comprobación de recursos- tenían por objeto ofrecer un alivio inmediato a las familias. Sin embargo, el programa de seguro de vejez -el precursor del actual Seguro de Vejez, Supervivencia e Invalidez, o Seguridad Social- no fue diseñado específicamente para hacer frente a la crisis económica de aquella época. De hecho, los pagos mensuales de las prestaciones, según la ley original, no estaban programados para comenzar hasta 1942. Además, desde el principio, el programa de la Seguridad Social ha incorporado los principios de la seguridad social que se discutían ampliamente incluso antes del inicio de la Gran Depresión.
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