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Por último, España comprometió al menos 511,99 millones de dólares a múltiples combustibles fósiles (al menos 498,46 millones de dólares a múltiples combustibles fósiles incondicionales y al menos 13,53 millones de dólares a múltiples combustibles fósiles condicionales).

Una cantidad considerablemente mayor de dinero público comprometida para apoyar la economía y la población de España a través de políticas monetarias y fiscales en respuesta a la crisis también puede beneficiar a diferentes elementos del sector energético. Sin embargo, estos valores no están disponibles en la legislación y las declaraciones oficiales y, por tanto, no se incluyen en la base de datos. Mientras tanto, además de las medidas monetarias y fiscales, la base de datos enumera otras políticas y regulaciones que también pueden proporcionar beneficios a los productores y consumidores de diferentes tipos de energía.

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España es una democracia parlamentaria y una monarquía constitucional con un jefe de gobierno -el presidente del gobierno- y un jefe de Estado -el monarca-. El Consejo de Ministros es el poder ejecutivo y está presidido por el Presidente del Gobierno. España es un Estado unitario, compuesto por 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas con diferentes grados de autonomía.

Los sectores más importantes de la economía española en 2016 fueron el comercio al por mayor y al por menor, el transporte, el alojamiento y los servicios alimentarios (23,4 %), la administración pública, la defensa, la educación, la salud humana y las actividades de trabajo social (18,9 %) y la industria (17,8 %).

En el Consejo de la UE, los ministros nacionales se reúnen periódicamente para adoptar las leyes de la UE y coordinar las políticas. A las reuniones del Consejo asisten regularmente representantes del Gobierno español, según el ámbito político que se aborde.

El Consejo de la UE no tiene un presidente permanente y unipersonal (como, por ejemplo, la Comisión o el Parlamento). En su lugar, su trabajo lo dirige el país que ostenta la presidencia del Consejo, que rota cada 6 meses.

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Los incentivos regionales son subvenciones financieras concedidas por el Estado español a proyectos de inversión productiva realizados en regiones previamente determinadas de España para promover el desarrollo de la actividad empresarial en esas zonas. El objetivo es contribuir a paliar los desequilibrios territoriales existentes y reforzar el potencial endógeno de desarrollo de las regiones con menor nivel de crecimiento. La Administración del Estado concede estas ayudas de acuerdo con la delimitación de las zonas subvencionables y las intensidades máximas de ayuda estipuladas por la Comisión Europea para las ayudas estatales de carácter regional. Las funciones relativas a los incentivos regionales están atribuidas a la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente de la Secretaría General de Fondos Europeos, un nuevo organismo creado con rango de subsecretaría dentro de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda.

Como se ha indicado, estos incentivos consisten en ayudas económicas destinadas a financiar proyectos de inversión creadores de empleo, que se ejecuten en las zonas de menor nivel de desarrollo o en las zonas menos favorecidas cuyas especiales circunstancias así lo aconsejen, siempre que supongan (i) la puesta en marcha de un nuevo establecimiento industrial; (ii) su ampliación o (iii) la modernización de un establecimiento industrial existente (siempre que no se trate de una mera inversión de sustitución).

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La Comunidad de Madrid ha anunciado que destinará 2,5 millones de euros en 2020 y 3 millones de euros en 2021 para animar a sus habitantes a adquirir vehículos no contaminantes. Cada persona podrá recibir hasta 750 euros para comprar una moto, una bicicleta o un scooter.

El plan está en consonancia con la ambición general del Gobierno español de seguir invirtiendo en vehículos limpios. De hecho, el Gobierno nacional ha anunciado recientemente su Plan Mueve II, que ofrece ayudas de hasta 15.000 euros para la compra de vehículos limpios y la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. El plan contará con una dotación de 100 millones de euros y será gestionado por cada Comunidad Autónoma. El creciente compromiso del Gobierno con la inversión en vehículos limpios es evidente, ya que esta dotación es más del doble de la prevista para la compra de vehículos limpios en 2019.