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La cadena perpetua en España fue introducida por la Ley Orgánica 1/2015 en marzo de 2015, con efecto desde el 1 de julio de 2015[1] La pena es revisable, por lo que se denomina oficialmente “prisión permanente revisable”.
La cadena perpetua se había introducido anteriormente en 1822 como pena de trabajos forzados de por vida, y en 1848 se revisó como cadena perpetua. En 1870, se reformó para permitir la posibilidad de libertad condicional después de 30 años; en esta época todos los presos a perpetuidad eran detenidos en el norte de África o en las Islas Canarias[2].
En 1928, la dictadura militar de Miguel Primo de Rivera suprimió la cadena perpetua, aunque se mantuvo la pena de muerte. La pena capital se mantuvo bajo el mandato de Francisco Franco, y la pena máxima de prisión era de 30 años[2]. Tras la transición española a la democracia, se abolió la pena de muerte y la pena máxima de prisión se mantuvo en 30 años hasta noviembre de 2003, cuando el gobierno conservador de José María Aznar la aumentó a 40 años para los terroristas condenados[2][3].
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Cuando la cadena perpetua es una posible condena, también pueden existir mecanismos formales para solicitar la libertad condicional después de un determinado periodo de tiempo en prisión. Esto significa que un convicto podría tener derecho a pasar el resto de la condena (hasta que ese individuo muera) fuera de la cárcel. La libertad anticipada suele estar condicionada a la conducta pasada y futura, posiblemente con ciertas restricciones u obligaciones. Por el contrario, cuando se ha cumplido una pena de prisión fija, el condenado queda en libertad. El tiempo de cumplimiento y las condiciones de la libertad condicional varían. Ser elegible para la libertad condicional no garantiza necesariamente que se conceda. En algunos países, entre ellos Suecia, la libertad condicional no existe, pero una sentencia de cadena perpetua puede -tras una solicitud exitosa- ser conmutada por una sentencia de plazo fijo, tras lo cual el delincuente es liberado como si la sentencia cumplida fuera la impuesta originalmente.
En 2011, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que condenar a menores de edad a cadena perpetua sin libertad condicional, de forma automática (como resultado de una ley) o como resultado de una decisión judicial, por delitos distintos del homicidio intencionado, violaba la prohibición de “castigos crueles e inusuales” de la Octava Enmienda, en el caso Graham contra Florida[9].
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1. El que cause la muerte de otro por imprudencia grave será condenado por homicidio y castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años.2. Cuando el homicidio se cometa utilizando un vehículo de motor, un ciclomotor o un arma de fuego, la pena incluirá también, y respectivamente, la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores o la privación del derecho a poseer y portar armas de uno a seis años.3. Cuando el homicidio se cometa por imprudencia profesional, se impondrá también la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo, por un periodo de tres a seis años.
Es necesario indicar que en la legislación española el homicidio involuntario no está regulado; en la mayoría de los casos la ley que se aplicará estará a caballo entre el homicidio y el concepto penal que se trate.
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